Con el nuevo marco legal sobre el registro de la huella de carbono en España la sostenibilidad de las organizaciones públicas y privadas ya no sólo se declara en el Estado de Información No Financiera (EINF), sino que se demuestra
El sábado 12 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto 214/2025, que refuerza las obligaciones en materia de acción climática para las empresas que presentan el Estado de Información No Financiera (EINF) y para las entidades del sector público estatal.
Este Real Decreto da continuidad al Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del MITECO que lleva en funcionamiento desde el año 2014. Entrará en vigor dos meses después de su publicación en el BOE.
La norma obliga a determinadas organizaciones a calcular su huella de carbono y publicar sus planes de reducción:
- Empresas con más de 500 empleados.
- Grandes empresas.
- Sociedades con cuentas consolidadas.
- Empresas consideradas de interés público.
Además, el nuevo Real Decreto amplía la obligación del cálculo de emisiones a:
- Eventos organizados.
- Administraciones públicas.
A partir de ahora, estas organizaciones deberán calcular anualmente su huella de carbono de organización, elaborar un plan de reducción con horizonte a 5 años y publicar esta información en su web o en sus informes de sostenibilidad.
Administración general del Estado, emisiones alcance 3
El decreto también establece que, a partir de 2028, la Administración General del Estado deberá incluir las emisiones indirectas (alcance 3) en su cálculo. Además, se amplía y regula el registro estatal de huella, compensación y proyectos de absorción de CO₂, que será gratuito y con un sello oficial identificativo.
Este nuevo marco no amplía el número de empresas obligadas, pero sí eleva el nivel de exigencia: las organizaciones deberán comprometerse con el diagnóstico de sus emisiones y dar una respuesta concreta, planificada y verificable. Un paso clave para pasar de la transparencia a la acción climática estructurada.
Entra en vigor el 12 de junio de 2025, aunque la primera huella obligatoria será la del ejercicio 2025.
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